El debate de cuatro horas y media, que fue seguido desde el recinto por el ministro de Salud, Ginés González García, se cerró con la aprobación de la norma por 35 votos a favor y 9 en contra.
La iniciativa establece que toda persona mayor de edad tiene derecho a acceder a la realización de las prácticas denominadas «ligadura de trompas de Falopio» y «ligadura de conductos deferentes o vasectomía» en los servicios del sistema de salud.
Las intervenciones quirúrgicas deben ser realizadas sin cargo en el sistema público de salud, las organizaciones de seguridad social y las entidades de medicina prepaga, las que tienen la «obligación» de incorporar esas prácticas a su cobertura.
A partir de la aprobación de esta ley, la ligadura de trompas y la vasectomía quedarán autorizadas para toda persona «capaz» y «mayor de edad» que lo requiera formalmente, con el único requisito previo de que otorgue su consentimiento informado.
No se requiere, en cambio, el consentimiento del cónyuge o conviviente, ni autorización judicial.
La única excepción mencionada en el proyecto hace referencia a las personas declaradas «judicialmente incapaz», para quienes «es requisito ineludible la autorización judicial» solicitada por su representante legal.
Los médicos encargados de realizar la operación deben informar al paciente «la naturaleza e implicancias sobre la salud de la práctica a realizar», «las alternativas de utilización de otros anticonceptivos no quirúrgicos autorizados», y «las características del procedimiento quirúrgico, sus posibilidades de reversión, sus riesgos y consecuencias».
Todo personal médico o auxiliar puede interponer el derecho de «objeción de conciencia» para no realizar la práctica, «sin consecuencia laboral alguna». Pero las autoridades de los establecimientos médicos deben disponer los medios para cumplir con la obligatoriedad impuesta por la ley.
El kirchnerismo tuvo dos informantes del proyecto: Nicolás Fernández, presidente de la comisión de Legislación General, y Silvia Gallego, titular de la comisión de Población y Desarrollo.
Llamativamente Alicia Kirchner, presidenta de la comisión de Salud, se ausentó de la sesión con parte de enferma a pesar de que ayer estuvo en la reunión en la que se aprobó el dictamen.
Fernández desarrolló diversos argumentos, entre ellos que la norma apunta a «saldar desigualdades entre ciudadanos de distintas jurisdicciones» (hay 14 provincias en las que están permitidas estas prácticas) y «consagra principios vigentes en la Constitución».
«El Estado no puede ni debe intervenir porque son cuestiones personalísimas, porque es peligroso y desatinado. El pleno goce de autonomía de la libertad no es más que respetar los principios constitucionales», sostuvo el santacruceño.
Gallego destacó el efecto positivo que tuvo la ley de procreación responsable en La Pampa y relató que el principal beneficio positivo fue «tener menor cantidad de niños recien nacidos internados. La ley no generó ninguna de las siete plagas de Egipto que nos decían cuando discutíamos esta ley».
La primera en exponer en contra del proyecto fue la justicialista disidente Liliana Negre de Alonso, quien revisó dos casos históricos de control de natalidad.
Uno de ellos es un informe secreto elaborado por el ex secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, en el que propuso las operaciones anticonceptivas para reducir la natalidad en América latina y, de ese modo, reducir la pobreza.
El segundo fue un proyecto similar impulsado por el ex presidente peruano Alberto Fujimori, que de acuerdo con su exposición fue practicado en la población indígena.
Según su planteo, esta ley está asociada a los objetivos de esos dos casos, en los que se propuso la esterilización para el control demográfico.
Después avanzó sobre el eje de las críticas de quienes se oponen al proyecto, entre ellos Hilda González de Duhalde y el juecista Carlos Rossi: las supuestas escasas posibilidades de reversibilidad de las cirugías propuestas, es decir de posibilidades de recuperar la fertilidad después de someterse a una de estas operaciones.
«Chiche» Duhalde dijo estar «convencida de que como tantas veces legislamos en el vacío, sin el debido debate», porque «el Estado no garantiza los derechos básicos que debe garantizar, el derecho de educación, a la salud. Entonces terminamos cortando el hilo por lo mas fino».
Rossi, en tanto, planteó sus «dudas» sobre la presunta reversibilidad de la ligadura de trompas y de la vasectomía, y sobre el modo en el que el paciente debe expresar su consentimiento para que se le practique la intervención.
Fuente: Yahoo! Noticias
