Varones y mujeres podrían llegar a solicitar que les practiquen una vasectomía o una ligadura de trompas, dos métodos de contracepción que requieren una cirugía, en los centros hospitalarios públicos de la Argentina. Y el reclamo podría ser satisfecho si es que prospera un proyecto de ley que ya cuenta con un dictamen favorable de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación.
El proyecto de ley autoriza a las personas mayores de edad a solicitar las vasectomías y las ligaduras de trompas, que hoy son consideradas como métodos permanentes pero no definitivos para regular la fertilidad.
Antes de someterse a esas prácticas, en las instituciones públicas deberán dar su «consentimiento informado». No necesitarán de un permiso judicial, ni del consentimiento de su pareja. Ni tampoco necesitarán esgrimir razones médicas.
Estos métodos de contracepción quirúrgica voluntaria ya se practican en el país, pero con algunas diferencias y dificultades. Hay leyes que los autorizan en las provincias de Río Negro, Tierra del Fuego, Chubut, La Pampa, Chaco, Neuquén y Santa Fe. Aunque los centros públicos de salud de esas provincias no siempre cuentan con los insumos y el personal entrenado para facilitar el acceso a los métodos.
En la Ciudad de Buenos Aires, rige una resolución de la Secretaría de Salud desde 2004 que también los habilita, pero no todos los centros hospitalarios las ofrecen.
Ayer por la tarde, la Cámara de Diputados de Corrientes dio media sanción también a una ley que contempla la ligadura y la vasectomía para los casos de familias numerosas.
«En los centros de salud privados, los métodos de contracepción quirúrgicos están disponibles. Pero no todos los argentinos pueden pagarlos. Por lo cual, para evitar desigualdades entre las provincias y entre los que acceden al sector privado y los que son cubiertos por el sector público, estamos impulsando este proyecto de ley», dijo a Clarín la diputada Juliana Marino, del Frente para la Victoria, quien resaltó que se trata de métodos reversibles en el 70 por ciento de los casos. Esto es, las personas que los eligen podrían recuperar su fertilidad tras una intervención.
El proyecto ya generó polémica entre los diputados de la Comisión de Salud. Ya estos métodos habían sido dejados de lado cuando se sancionó en 2002 la ley que creó el Programa nacional de salud sexual y procreación responsable y que permite acceder gratis a métodos anticonceptivos, como los preservativos, el DIU y las píldoras.
Sin embargo, los métodos quirúrgicos se usan. «En Río Negro, se sancionó la ley después de una movida social que incluyó 20 amparos ante la Justicia de padres que tenían en total 128 hijos —contó uno de sus impulsores, el ginecólogo Mario Mas—. En mi provincia, mujeres y varones pueden solicitar la ligadura o la vasectomía, aun sin razones médicas. Pero nadie piense que estos métodos son la panacea. Son una opción más entre los métodos de contracepción».
El doctor Mas advirtió: «Una ley nacional que vaya en la misma dirección será bienvenida. Pero también los legisladores deberían ocuparse de asegurar un presupuesto para insumos para ponerla en marcha. En Río Negro, hay dificultades: la gente tiene que ir a pedir turnos a las 5 de la mañana y deben esperar mucho tiempo para acceder realmente a estos métodos».
En tanto, en la provincia de Santa Fe, la ley había sido sancionada en 2004, pero la reglamentación tardó en salir porque surgieron resistencias.
Según dijo a Clarín la legisladora santafesina Lucrecia Aranda estimó que «una norma nacional legitimará el reclamo del acceso a las prácticas». Agregó que algunos médicos se oponen a hacer las prácticas por objección de conciencia. En Rosario, se hicieron 40 ligaduras en hospitales municipales.
Según afirma la Organización Mundial de la Salud (OMS), en un capítulo de su guía sobre anticoncepción, «no existe ningún condicionante médico capaz de restringir absolutamente la posibilidad de someter a una persona» a una vasectomía o a una ligadura de trompas».
Varios hospitales ya los practican
Al no haber una ley nacional, en nuestro país se dan diferentes situaciones. En Capital Federal y en la Provincia, algunos hospitales practican la ligaduras de trompas y otros no.
«Por lo general, las piden mujeres que ya tienen muchos hijos. El equipo de salud le cuenta cuáles son las demás opciones de contracepción, pero ellas finalmente eligen», contó Diana Galimberti, directora del Hospital Alvarez. En otros hospitales, los médicos hacen las prácticas si la mujer tiene varias cesáreas previas o alguna patología.
Las formas de contracepción quirúrgica están disponibles en la mayoría de los países desarrollados. Incluso en países cercanos. Los porcentajes de mujeres esterilizadas van de 6,8% en Paraguay al 40% en Brasil y México. El uso de la vasectomía es bajo. En Brasil llega al 2,6%.
Un debate tardío
Oscar Angel Spinelli
Muchos países, algunos desde hace décadas, han autorizado la contracepción quirúrgica. En España, por ejemplo, donde se observan casos curiosos. Hace dos años las vasectomías en Andalucía superaron ampliamente a las ligaduras de trompas.
O sea que la necesidad de garantizar la anticoncepción aparece allí como un problema que asumen también los hombres. En forma tardía, Argentina parece aprestarse a iniciar un debate profundo sobre una cuestión de salud reproductiva. Sería oportuno que se dejaran de lado los fundamentalismos y pudiera legislarse en beneficio de la gente. Las leyes involucran a todos. Pero esto no quiere decir que todos deban hacer uso de un derecho.
A favor
«Una ley que autorice las formas de contracepción quirúrgica significará un gran avance en el país. Le dará a hombres y mujeres la posibilidad de cuidarse y de decidir cuántos hijos tendrán», opinó Eduardo Lombardi, presidente de la Sociedad Argentina de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva (SAEGRE).
Para Mabel Bianco, del Consorcio Nacional por los Derechos Reproductivos y Sexuales (CoNDeRS), «es necesario que las personas tengan el máximo de posibilidades para elegir el método de contracepción. El proyecto de ley que se debate en Diputados permitiría poner en igualdad de condiciones a los sectores que hoy no pueden acceder a las formas quirúrgicas que se ofrecen sin problemas —previo pago— en centros privados».
«Todos deberían poder acceder a las ligaduras de trompas y a las vasectomías, con el debido consentimiento informado y con la mayor información sobre los riesgos y los beneficios», dijo Mariana Romero, investigadora del Conicet y del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES).
En contra
La ginecóloga Adriana Gobbo de Costa criticó duramente el proyecto por considerar que, si bien sus impulsores «dicen que son intervenciones reversibles, nadie puede asegurar que efectivamente lo sean».
«Hay que ser muy claros con la gente porque pueden quedar estériles e infértiles», dijo Gobbo de Costa. Añadió en ese sentido que «hay que tener en cuenta el daño psicológico que se puede causar».
El abogado Jorge Scala, profesor de bioética, dijo que el Código Penal, en su artículo 90, considera «como una lesión gravísima el impedir que un órgano pueda cumplir con su función natural». Agregó que «sólo se puede afectar el órgano ante una enfermedad y no por motivos de anticoncepción». Por eso, dijo que habría que modificar el Código, si no la ley podría ser inconstitucional. Consideró también que «aplicar en las personas una solución que se usa con los animales, como la castración de los gatos, es inhumana. En tal caso, que los políticos se sinceren y digan que no pueden garantizarle una vida digna a todos».
Fuente: 8.6.06 – Clarín – Valeria Román – Base de datos: Dr. Argañaraz – sexologiamed@ciudad.com.ar