Expertos reunidos en Gijón en el IV Congreso Iberoamericano de Derecho Médico defendieron la obligación de los profesionales de poner los medios pero no la obtención de resultados
L. Fonseca. Asturias.- “Avanzamos con peligrosidad hacia la medicina defensiva”. La advertencia fue lanzada por el magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, quien alertó sobre el riesgo de generalizar la práctica de la denominada ‘medicina defensiva’ si se endurece la presión sobre la responsabilidad civil y penal de los profesionales de la salud. Marín Castán realizó estas declaraciones durante la clausura del IV Congreso Iberoamericano sobre Derecho Médico, que congregó el pasado 7 de mayo en Gijón a más de 150 juristas de toda España, así como de Argentina, Uruguay y México.
El juez del Supremo habló sobre la ‘Responsabilidad civil del médico’ y aseguró en el transcurso de su conferencia de que “si se endurecen en exceso las cautelas obligatorias de los profesionales sanitarios, se arriesga a la respuesta de la medicina defensiva, que a su vez puede generar más culpas de los médicos por no arriesgar con el tratamiento indicado”. Asimismo, Marín Castán criticó la saturación de los tribunales con reclamaciones por responsabilidades sanitarias, un incremento que en su opinión pone de manifiesto el fracaso de otras medidas como la mediación, el arbitraje y la conciliación. “En España parecen no tener futuro estos procesos”, lamentó.
Testamento vital contra código deontológico
Dicho jurista se refirió también a otros asuntos de actualidad abordados a lo largo de este congreso, que durante tres días analizó desde la responsabilidad civil de los profesionales sanitarios hasta las indemnizaciones por negligencias médicas. Marín Castán se mostró a favor de promover el consentimiento informado, para evitar polémicas como las ocurridas en Leganés o la figura del testamento vital. Sin embargo, precisó que los documentos sobre últimas voluntades “no pueden violentar el código deontológico del médico”, por lo que “casos que han llegado a los tribunales como el de Terry Schiavo o Ramón Sampedro, requieren de mucha reflexión y prudencia”, apuntó.
A este asunto se refirió también Javier Sánchez Caro, director de la Unidad de Bioética y Derecho Sanitario de la Consejería de Sanidad de Madrid, quien aseguró que “las instrucciones previas de una persona no pueden servir de cobertura a la eutanasia mientras esté prohibida por el Código Penal”. Sánchez Caro, que fue asesor jurídico del desaparecido Insalud, puso como ejemplo de minusvalía grave el conocido caso de Ramón Sampedro y aseguró que “aliviar el dolor para evitar sufrimientos es muy legítimo, siempre que la actuación paliativa no se convierta en el golpe de gracia”.
Sánchez Caro compartió mesa de debate con el magistrado asturiano Luis Roda y el catedrático de psiquiatría Julio Bobes. Los tres expusieron sus conocimientos sobre la ‘Responsabilidad civil en psiquiatría’. “La evolución de la ciencia dio por cerrada la etapa de los manicomios y acentuó la necesidad de integrar en la sociedad a los enfermos mentales”, empezó diciendo Sánchez Caro, quien añadió que “la esterilización de los deficientes psíquicos graves provocó un gran debate, hasta que el Tribunal Constitucional admitió su legalidad porque no se les intervenía para vejarlos, sino en su propio beneficio, para facilitar su integración”.
Medicación obligatoria
Por su parte, el magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Gijón, Luis Roda, indicó que en psiquiatría es difícil determinar la responsabilidad médica. Dicho juez cree “absurdo que no podamos obligar a un paciente a visitar cada quince días un centro sanitario para que le administren su medicación, pero sí estemos sin embargo facultados para imponer el ingreso de un enfermo en el psiquiátrico”. Roda se refirió al suceso ocurrido en el verano pasado en Gijón, cuando un enfermo esquizofrénico, que había abandonado el tratamiento hacía años, degolló a un niño cuando éste se encontraba jugando en un parque infantil del centro de la ciudad.
Tras aclarar que “no se puede meter en el mismo saco a todos los esquizofrénicos y pensar que todos andan por la calle con un cuchillo en la mano”, Roda precisó que “el mayor riesgo para un enfermo mental es el suicidio”. Julio Bobes también opinó al respecto y advirtió que “hoy por hoy, prima la libertad individual por encima de la colectiva” y recordó que los enfermos no pueden ser obligados a medicarse contra su voluntad.
Otro de los asuntos abordados a lo largo de tres días de debate fue el referido a la obligatoriedad de resultados, una tendencia cada vez más en boga tras al irrupción de lo que los juristas denominan medicina voluntaria y que engloba desde la cirugía estética hasta la odontología o los tratamientos de fertilidad. En este sentido, los juristas reunidos en Gijón, entre ellos el juez del Tribunal Constitucional Pascual Sala, consideran que la Medicina y los médicos están obligados ofrecer medios y no resultados. En este sentido, Pascual Sala apuntó que “salvo que quede reflejado en un contrato, como puede ocurrir en operaciones de cirugía estética, el paciente no podrá exigir un resultado sino la obligación de medios”, indicó.
Fuente: www.azprensa.com
